Perú reabre el juicio contra Fujimori por la esterilización forzada de 300.000 mujeres

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El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, será juzgado por aplicar un programa de esterilización a mujeres indígenas durante su mandato (1990-2000). El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 (PNSRPF) afectó a más de 300.000 mujeres y 24.000 hombres, la mayoría de comunidades indígenas o empobrecidas. Fujimori presentó en el PNSRPF en su programa electoral para las elecciones de 1996 ante China como una medida para erradicar la pobreza en Perú.

La Fiscalía ha acusado a Fujimori y a tres exministros de Salud del país andino. Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, y algunos funcionarios del mismo ministerio acudirán a juicio por su implicación en las lesiones de 1.307 personas y cinco casos de muerte por dichas lesiones.

El juicio ha comenzado este primero de marzo después de 25 años de denuncias. El fiscal del caso, Pablo Espinoza, afirmó el pasado lunes que las operaciones quirúrgicas se producían en “condiciones insalubres y precarias” y provocaron la muerte de cinco mujeres. Las víctimas del PNSRPF eran mayoritariamente analfabetas y los procedimientos los explicaban en español, idioma que no entendían. “Hay mujeres que fueron amarradas en las camillas, han llevado a grupos y los han cerrado con llave en las postas médicas. Las mujeres han salido por las ventanas de los hospitales, han gritado, han corrido fuera, las han atrapado y las han vuelto a llevar”, afirmaba la investigadora social Alejandra Ballón, en el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada (2014).

Protestas en Perú en apoyo a las denuncias por esterilización forzada. Foto: Revista Marea.

La Fiscalía de Perú presentó la acusación en 2018, aunque las investigaciones comenzaron en dos décadas antes. Tras tres años de denuncias masivas, con más de 1.000 firmas cada una por parte de asociaciones de derechos humanos, entre ellas, la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por la Esterilización Forzada (AMPAEF), el juez Rafael Martínez reabrió el caso para 2020. El juicio ha sido pospuesto en varias ocasiones con justificaciones que han llamado la atención de la opinión pública, que organizó protestas en las puertas de los juzgados. Una de ellas fue el confinamiento domiciliario del Covid-19 de 2020, y en la última ocasión, el juez pospuso la vista por la falta de intérpretes de quechua, idioma indígena.

Si la próxima audiencia condena a los acusados como principales culpables de los hechos, el Estado peruano iniciará el proceso penal tras décadas de denuncias. El caso en el que siga adelante, la Fiscalía deberá iniciar la investigación para preparar el juicio lo que significaría esperar la sentencia cerca de seis años. Alberto Fujimori ya cumple 25 años en prisión por la condena de cinco juicios, entre ellos corrupción y secuestros, desde que en 2007 se le penara con seis años por usurpación de funciones.

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