El Gobierno crea una Comisión contra la desinformación

El Consejo Nacional de Seguridad aprobó el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación el pasado jueves 5 de noviembre. Según esta medida, el Gobierno podrá, mediante la Comisión Permanente creada para dicha tarea, “monitorizar y vigilar” las campañas de desinformación externas con el fin de proteger “los procesos democráticos y bienes públicos tales como la salud, el medio ambiente o la seguridad”.

Esta iniciativa tiene su origen en diciembre de 2018. Ya entonces, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) aprobaron un Plan de Acción para frenar las campañas de desinformación que llegaban de terceros países. El hecho que llevó a la Unión Europea a aprobar estas medidas fue la injerencia rusa en el proceso electoral estadounidense de 2016. Asimismo, en este año 2020 se ha desarrollado el Plan de Acción para la Democracia que va un paso más allá y se centra en asegurar el pluralismo de los medios y la libertad de prensa. Este último pone como pretexto que la pandemia ha desvelado una desmesurada cantidad de desinformación y bulos contra los que hay que actuar.

La Unión Europea solicitó a todos los países miembros un plan cooperativo en el que, mediante estrategias elegidas a nivel nacional, se consigan coordinar estas iniciativas. Alemania, por ejemplo, decidió aumentar sus exigencias para las políticas contra la desinformación de redes como Google, Twitter y Facebook. El problema es que, bajo el pretexto de actuar contra la desinformación, varios gobiernos han conseguido censurar a su oposición y dañar gravemente la democracia.

¿Cuál es la polémica?

La polémica llega desde varias vertientes. Por un lado, la ambigüedad del texto publicado en el BOE da a entender que no se trata solo de combatir la desinformación de terceros países, ya que esto solo se recoge en un punto de los cuatro que se desarrollan. Por otro lado, la Comisión Permanente creada para llevar a cabo esta vigilancia incluye a varios organismos, entre los que se encuentra la Secretaría de Estado de la Comunicación, con Miguel Ángel Oliver e Iván Redondo. Ambos vinculados al Gobierno, hacen que para la opinión pública y los medios se trate de un control de la información más que de un combate a la desinformación.

Los medios protestaron al conocer la medida porque, en su opinión, atenta contra el derecho a la información y la libertad de expresión. Carmen Calvo ha afirmado que la lucha contra la “calumnia y desinformación” es un “derecho fundamental”.

Por su parte, la oposición ha mostrado su descontento ante la creación de esta Comisión. Santiago Abascal acusó vía Twitter a Pedro Sánchez de “erigirse en juez de lo que es verdad y mentira”. También manifestó su opinión a través de esta red social Pablo Casado y dijo que se trata de un “orwelliano Ministerio de la Verdad”. Pedía explicaciones y además informaba de que el Partido Popular recurriría a las Cortes y, en el caso de que ese recurso no diese sus frutos, lo llevaría a Europa.

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha criticado también la medida aprobada por su propio partido y ha declarado que “ni mucho menos en democracia” sea competencia del gobierno “velar por lo que se dice en los medios de comunicación”.

Así opinaba también Javier Cervera Gil, doctor en Historia y Ciencias de la Información. Cervera aseguraba que la “comisión de la verdad” le corresponde a “cada ciudadano”. De cualquier otra forma, se trataría de un “atentado contra el derecho a la información y a la libertad de imprenta que va asociada con la democracia”.

“Los ciudadanos tienen que votar con toda la libertad, para votar con toda la libertad tienen que estar informados. Tienen derecho a la información”

El historiador ha calificado la medida de “hecho gravísimo” y la ha comparado con las restricciones que tomaban los estados totalitarios.

Para Cervera, aunque Iván Redondo y Miguel Ángel Olivar desaparecieran de la Comisión, la medida seguiría sin ser “necesaria ni adecuada en un estado liberal”. “Se trata de la responsabilidad del periodista que cuando trabaja está al servicio del derecho de información y, por tanto, ha de decir la verdad” afirmaba Cervera. Si un periodista miente, se deberían tomar “las medidas jurídicas necesarias”, pero siempre “bajo la decisión de un juez”. La solución contra la desinformación, según el historiador, reside en la cultura y la formación de la sociedad.

A pesar de los recursos de la oposición, la Unión Europea ha dado su visto bueno. El portavoz de la Comisión Europea, Johannes Bahrke, ha afirmado que no tienen nada en contra de esta orden ministerial. Desde Bruselas afirman que el objetivo es “garantizar la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación”.

Un comentario

  1. Ya la censura en las redes sociales es impresionante, pero esto es una aberración, quién va a determinar lo que es verdad o no? Debe haber libertad para informar y que sea la sociedad la que aprenda a distinguir entre verdad o mentira. Ahora, si hay calumnia comprobada que se lleve a cabo una demanda.

    Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s