Transfuguismo: el préstamo de parlamentarios

El miércoles 28 de octubre, la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, fue acusada, junto con otros siete diputados pertenecientes al grupo de Anticapitalistas, de transfuguismo. Las acusaciones —que fueron emitidas por el que había sido su partido hasta principios de este año, Podemos, junto con el apoyo de Izquierda Unida— se fundamentan en el hecho de que los ocho afectados hubieran mantenido su escaño tras haberse dado de baja como militantes del grupo parlamentario de Podemos. Ambos partidos solicitan, además, la expulsión del grupo del Parlamento Andaluz.

La ruptura de Teresa Rodríguez con la coalición morada en febrero de 2020 vino motivada por sus discrepancias por el pacto de la coalición gubernamental entre PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, la líder andaluza mostró su voluntad de llevar a cabo un “divorcio amistoso” con Podemos —al que había pertenecido desde 2015— y dio a conocer su decisión a través de un vídeo en el que explicaba junto a Pablo Iglesias la voluntad de ambas partes de que la separación fuera respetuosa e “incluso cariñosa”. Rodríguez confirmó, además, que pretendía mantenerse al frente de la coalición de Adelante Andalucía. Así, una vez efectuada la salida, se llegó a un acuerdo por el que los 11 diputados que pertenecían a Podemos pudieran mantener su escaño en el Parlamento. A pesar de su intento por efectuar la separación del modo más afable posible, los planes de Rodríguez, que instaban a convertir el grupo de Adelante Andalucía en un sujeto independiente de las direcciones federales de Podemos, generaron un clima de malestar en el propio partido que llegó a su culmen el pasado miércoles.

La Mesa del Parlamento ha respaldado la decisión de Podemos e Izquierda Unida; una decisión que ha contado, además, con los votos a favor del Partido Popular, Partido Socialista y VOX. Cabe destacar, que el grupo andaluz que vio la luz durante las elecciones autonómicas de 2018 estaba formado por 17 diputados: 6 pertenecientes a Izquierda Unida y 11 a Podemos, entre los que estaban tres diputados independientes de la formación de Anticapitalistas Andalucía, que no se verían afectados por la expulsión.

¿Qué es el transfuguismo?

El transfuguismo se define como el paso de parlamentarios de un grupo político a otro distinto al que fueron elegidos. Es decir, es el fenómeno que tiene lugar cuando un político toma la decisión de abandonar su partido para trasladarse a otro. El concepto de transfuguismo hace referencia a un entorno político en el que existe una pluralidad de partidos, puesto que contempla que, en la mayoría de los casos, el tránsfugo suela dirigirse hacia posiciones ideológicas semejantes que pueden gozar, o no, de un poder mayor.

Los requisitos para que podamos hablar de transfuguismo como tal son tres. El primero de todos es que nos estemos refiriendo a una institución concreta, ya sea a nivel estatal, regional o local. Asimismo, es necesario —como ya se ha mencionado— que se produzca el paso de uno o varios individuos de un grupo político a otro. Por último, y lo fundamental, es que los hechos sucedan sin intermediación de elecciones.

Las consecuencias de este fenómeno pueden ser variadas, aunque en su mayoría recalan en un falseamiento de los resultados electorales, lo que genera una sensación de fraude al atentar contra la voluntad de los votantes que eligen a sus representantes a través de la vía democrática. También puede derivar en un debilitamiento de partidos que desemboque en una gran inestabilidad.

Para evitar que esta situación pueda llegar a convertirse en una realidad, existen diversas medidas que varían en función del ámbito en el que nos encontremos. En el caso de las localidades, cabe destacar el “Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales”, también conocido como “Pacto contra el transfuguismo”. Este fue emitido en el año 1998 y renovado, posteriormente, en el 2006. En él, se recogen las actuaciones que deben llevarse a cabo desde los gobiernos municipales para luchar contra el transfuguismo. Los partidos políticos suscritos al acuerdo se comprometen a rechazar en su grupo a concejales integrados en la candidatura de otra formación, así como a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar una mayoría de gobierno. El pacto recoge que los derechos económicos y políticos del tránsfuga no podrán ser superiores a los que le hubiesen correspondido de haber permanecido en su grupo de pertenencia, lo que es una forma de desincentivar la movilización entre partidos. Todo ello queda sujeto a la revisión de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de cada una de las formaciones políticas, que a su vez delega en una Comisión de Expertos, encargada de aquellos casos que precisen de un análisis de mayor rigor.

En el ámbito estatal, el Reglamento del Congreso establece múltiples opciones de lucha contra el transfuguismo, aunque no se ha alcanzado nunca un pacto como tal. La creación de la figura del diputado no adscrito es una de las medidas más óptimas a la hora de impedir el préstamo de parlamentarios, pues no solo incluye a quienes inicialmente deciden no incorporarse al grupo constituido por los candidatos del partido con el que acudieron a las elecciones, sino también a aquellos diputados que abandonan su grupo en mitad del ciclo de la legislatura.

El “Tamayazo”

El caso conocido como “Tamayazo” engloba una de las situaciones de transfuguismo más controvertidas en la historia de la democracia española. Los resultados de las elecciones autonómicas del 25 de mayo de 2003 esperaban dar un giro político hacia la izquierda en la Comunidad de Madrid, gobernada hasta entonces por el Partido Popular de Alberto Ruiz-Gallardón. Rafael Simancas, candidato del Partido Socialista, había obtenido 47 escaños que, junto con los nueve del grupo de Izquierda Unida, iban a permitirle posicionarse un punto por encima del PP y obtener así la mayoría suficiente para formar un Gobierno progresista en la capital madrileña. Sin embargo, el 10 de junio —fecha seleccionada para determinar la elección del presidente de la Asamblea de Madrid—, y a pocos días de la investidura de Simancas, los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez no acudieron a la votación. Sin sus votos, el Partido Popular superaba por un solo punto a la recién formada coalición PSOE-IU. Este hecho provocó que Francisco Cabaco —candidato socialista para presidir la Asamblea— perdiera el cargo a manos de la popular Concepción Dancausa. Una vez ocurrido el incidente de la votación, la sesión de investidura de Simancas quedó sentenciada. Los días 27 y 28 de octubre, el líder socialista obtuvo 54 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones, las de Tamayo y Sáez. Esto dio lugar, seis meses después, a la celebración de nuevas elecciones autonómicas que dieron la victoria por mayoría absoluta a Esperanza Aguirre, candidata del Partido Popular.

Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Imagen: Onda Cero.

Otros casos de transfuguismo

El transfuguismo es un fenómeno cada vez más presente en una realidad como es la de la pluralidad de partidos políticos. Así, son numerosos los casos en los que el apoyo o la abstención de un solo miembro consigue desestabilizar la formación de un Gobierno. Este fue el caso de las elecciones por la alcaldía de Alicante, en agosto de 2018, cuando Luis Barcala, candidato del PP, fue investido como alcalde tras superar a la aspirante socialista, Eva Montesinos, gracias al voto en blanco de una diputada no adscrita: Nerea Belmonte. La parlamentaria había pertenecido a la formación de Podemos en la Comunidad Valenciana (Guanyar).

Algo parecido ocurrió también en 1987, en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. El Centro Democrático y Social se había hecho con la victoria, que se hubiera efectuado de no haber sido porque salió adelante una moción de censura impulsada por PSOE e Izquierda Canaria que contó con el voto definitivo de un concejal centrista.

Sin embargo, este tipo de movimientos pueden no solo condicionar la conformación del propio Gobierno, sino también afectar a Ejecutivos ya estructurados. El pasado 4 de mayo de 2020 se dio a conocer la marcha del partido del entonces portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá. La decisión de Cassá comprometía la legislatura formada por la coalición PP+Cs, puesto que, con la ausencia del concejal, perdían la mayoría absoluta y se situaban con el mismo número de diputados (15) que la formación del Partido Socialista con Adelante Andalucía. A pesar de su negativa, Cassá no tardó en retractarse y en junio de este mismo año se destapó la firma de un pacto entre el Partido Popular y el que fuera portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. Así, el exintegrante del partido naranja se convertía en el nuevo portavoz adjunto de la Diputación malagueña a cambio de seguir apoyando a los populares en la alcaldía. Esta trama se dio a conocer bajo el término de “Cassazo”.

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