Chile con lápiz en mano: una nueva constitución

Chile celebró el pasado domingo 25 de octubre la votación a un referéndum en el que se planteaba el cambio de constitución. La consulta pretendía esclarecer si el pueblo chileno está a favor de mantenerse con la Constitución de Pinochet de 1980 o si, por el contrario, desea dejar atrás esa Constitución y sustituirla por una aún por redactar. El resultado ha dejado claro la aprobación de una nueva carta magna con una mayoría del 78% de los votos.

Por otro lado, en el plebiscito había una segunda papeleta en la que los votantes debían decidir quién formaría la llamada “convención constitucional” que redactará esa futura ley de leyes chilena. Existen dos opciones sobre la mesa: que el total de los que forman esa Asamblea Constituyente sean elegidos por votación popular, o que sea un modelo “mixto”, es decir, que la mitad de los miembros se escojan a través de las urnas y la otra mitad sean parlamentarios ahora en ejercicio. Aunque el resultado de esta votación está aún pendiente, el escrutinio se decantaba por la primera opción como ganadora.

Retrato de Augusto Pinochet (el tercero por la izquierda) y la Junta Militar de Gobierno. 1985

Borrón y cuenta nueva

La Constitución de 1980, la que Chile retirará, se redactó bajo la dictadura de Augusto Pinochet. En 1970 comenzó el gobierno socialista de Salvador Allende. Todavía en Guerra Fría, Estados Unidos temía que Chile se convirtiera en una nueva Cuba y acabara bajo un régimen comunista, así que intervino en la oposición para desestabilizar a Allende. A esta trastocada estabilidad política se añadió la crisis económica que acarreaba el país y comenzaron las protestas sociales por parte de las clases altas y el Ejército. El país estaba sumido en una crisis generalizada. Fue en 1973, con la puñalada final de la crisis del petróleo, cuando Augusto Pinochet tomó la Casa de la Moneda y dio un golpe de estado apoyado por las fuerzas armadas. Se instauró una dictadura militar que duraría hasta el año 1988 cuando se pactó una transición pacífica hacia la democracia.  Sin embargo, esa democracia se siguió rigiendo por la constitución redactada durante el régimen militar de Pinochet.

Así, llegaron las protestas de hace un año. El 18 de octubre de 2019 el Gobierno de Piñera anunció un aumento en el precio de los billetes de metro, decisión que desencadenó la salida del pueblo a la calle. Las manifestaciones y las protestas por la desigualdad llevaron a un desencadenamiento de violencia que muchas veces estuvo fuera de control. Ante esto, el Ejecutivo se retractó y retiró la medida, pero ya era demasiado tarde, porque se había iniciado un conflicto social. Los protestantes pedían una nueva constitución y el gobierno de Piñera decidió aceptar y fechó el referéndum para abril, pero la crisis sanitaria obligó a posponerlo hasta que por fin se realizó el domingo pasado.

El camino hacia un estado social

Las protestas defendían la existencia de varios problemas principales en su Carta Magna. Por un lado, la legitimidad constitucional estaba en entredicho, ya que su redacción tuvo lugar en un régimen dictatorial. Buscan conseguir una legitimidad de origen, que se haga una constitución “sin traumas”.  Por otro lado, el hecho de que, aunque la Constitución se haya sometido a reforma hasta en 53 ocasiones, seguía velando por la desigualdad. Chile no estaba recogido como un estado social, es decir, no aseguraba una serie de derechos como la sanidad o educación públicas y contemplaba un sistema de pensiones completamente privado.  

Abisal ha contactado con Margarita García Sanahuja, una directiva española trasladada a Chile por trabajo hace cinco años. Margarita cuenta que, aunque Chile es el país más “europeizado” de Iberoamérica, la realidad es que hay mucha desigualdad. La directiva afirma que es cierto que existe sanidad pública, pero que si una persona solo tiene acceso a ella “se puede morir”.

En cuanto a la educación, Margarita explicaba que no existen becas como una subvención para el estudio, sino que más bien el término que se maneja es el de préstamo. El alumno recibe una cantidad de dinero para poder financiarse los estudios, pero en cuanto termina la carrera universitaria se sume en una deuda a pagar en un plazo de diez años.

Además, existe una reivindicación insistente en el asunto de las pensiones. El sistema de pensiones es totalmente privado. Las empresas pagan un 7% del salario de sus empleados a las denominadas como AFP (Administración de Fondos de Pensiones). De tal manera, que cada trabajador tiene su propio fondo de pensiones, que es directamente proporcional a lo que cobra. El dinero que se va acumulando en ese fondo no se puede obtener hasta la jubilación del empleado y, mientras tanto, las AFP juegan en bolsa con él. Así, cuando llega la jubilación, el empleado recibe el dinero que se ha acumulado en su fondo más la rentabilidad que se ha obtenido de la actividad de ese capital. Las AFP cobran un porcentaje por gastos de administración. El fallo está en que promueve la desigualdad porque la pensión será mayor o menor según el salario que hayas recibido a lo largo de tu paso por el mercado laboral.

Esos son tres de las grandes reformas que se piden para la redacción de esta nueva constitución que busca, en definitiva, conseguir un texto que siente las reglas del juego con unas bases más democráticas.

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