Caso Dina: del robo de un teléfono a remover las cloacas del Estado

El pasado miércoles 7 de octubre, el juez Manuel García-Castellón elevó la causa al Tribunal Supremo del llamado “Caso Dina”. El magistrado solicitó la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por una presunta comisión de delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa; así como la investigación de diversos miembros de la formación de Podemos. La trama tuvo su origen a finales de 2015 cuando Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, denunció la desaparición el robo de su teléfono móvil.

¿Quién está implicado?

Cronología de una tarjeta robada

El 1 de noviembre del año 2015 desapareció el móvil de Dina Bousselham en un IKEA de Alcorcón (Madrid) mientras se encontraba haciendo la compra con su entonces pareja, Ricardo Sa Ferreira. Dos meses después, en enero de 2016, la tarjeta SIM del teléfono de la exasesora le fue entregada a Pablo Iglesias de la mano de Antonio Asensio, director del grupo Zeta, quien alegó que el contenido de dicha tarjeta se había hecho llegar directamente y de forma anónima a la revista Interviú, pero que no publicarían dicho contenido por ser de carácter íntimo.

La situación fue ignorada por parte de los implicados hasta que en julio de 2016, el medio digital OKDiario publicó las imágenes de los mensajes que se habían compartido en un chat de la formación morada. Ese mismo mes, tuvo lugar una reunión de la cúpula de Podemos en la que Iglesias reveló que los pantallazos publicados por OKDiario eran una filtración que había sido realizada por alguien del propio partido, que por entonces estaba sumido en una rivalidad interna entre los partidarios de Pablo Iglesias y los partidarios de Iñigo Errejón.

No fue hasta agosto de 2017, casi un año y medio después de que Iglesias recibiera la tarjeta de su exasesora por parte de la directiva de Interviú, cuando este le hizo entrega de la SIM a Dina. En ese momento, la pareja de Bousselham mandó la tarjeta a una empresa especializada en Gales para intentar recuperar el contenido de la memoria. Todos los intentos resultaron en vano, pues el análisis demostró que era irrecuperable.

En noviembre de 2017, la policía intervino en casa del excomisario Villarejo un pendrive que contenía los archivos procedentes de la tarjeta de Dina Bousselham. Tras las declaraciones de Bousselham ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en diciembre de 2018, el Caso Dina se desligó del Caso Tándem, debido a las sospechas que recaían sobre la figura de Villarejo ante el robo de la tarjeta. Pablo Iglesias y su exasesora declararon en marzo de 2019 y se les ofreció la condición de perjudicados en el caso.

Un año después, en mayo de 2020, Dina compareció ante la Audiencia Nacional y el juez García-Castellón, ante la petición de la Fiscalía Anticorrupción, retiró a Pablo Iglesias la condición de perjudicado en el caso. Dos meses después, el vicepresidente del Gobierno reconoció en una entrevista de RNE que retuvo la tarjeta de Bousselham durante meses para “no someter a Dina a más presión”. Cabe recordar que la memoria no contenía únicamente los pantallazos, sino también imágenes íntimas que implicaban al Secretario General y a su asesora.

La aparición de José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional puso en entredicho las anteriores versiones, pues reconoció que la cúpula de Podemos montó el Caso Dina para “presentar a Iglesias como víctima de las cloacas del Estado” de cara a los futuros comicios. Sin embargo, la Audiencia Nacional devolvió a Pablo Iglesias su condición de perjudicado el pasado 16 de septiembre.

La decisión pasa a manos del Tribunal Supremo

A partir de la ya mencionada solicitud por parte del juez Manuel García-Castellón para elevar el caso al Tribunal Supremo, debido a que la Sala de lo Penal obligó a dejar de lado todas las acusaciones que afectaran a Iglesias por su condición de aforado. Así, queda pendiente el futuro de Pablo Iglesias, como el del resto de miembros del partido implicados. El vicepresidente se enfrenta a una imputación por presuntos delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. García-Castellón asegura que Iglesias utilizó de forma fraudulenta este proceso para lograr rédito electoral de cara a los comicios del 28 de abril.

Para ello, ordenó a Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso, que elaborara una estrategia procesal que emulara la existencia de una conexión temporal entre la publicación de las imágenes de OkDiario y el robo de la tarjeta de Dina Bousselham, a pesar de tener conciencia de la falsedad de estos hechos. Para ello contó con la colaboración de Marta Flor y Raúl Carballo, ambos letrados de la formación morada. Los tres componentes podrían llegar a ser imputados por denuncia falsa y simulación de delito.

El magistrado ha solicitado también la imputación de Dina Bousselham y su expareja, Ricardo Sa Ferreira, por falso testimonio.  

¿Qué va a pasar ahora?

A la espera de la resolución del Tribunal Supremo, se desconoce cómo puede afectar la trama a la estabilidad del Ejecutivo, puesto que pondría en duda la fiabilidad tanto del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como la de la propia coalición de Unidas Podemos. Hasta ahora, el presidente, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo hacia su segundo y ha reiterado que no tiene preocupación alguna por el “Caso Dina”. Por su parte, Iglesias ha dado a entender que no dimitirá, puesto que desde el partido no conciben “ni como mera hipótesis” que pueda llegar a haber una imputación.

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